México, 27 de marzo de 2026.- A pesar de que los estados mexicanos continuaron con sostenibilidad financiera al cierre del año pasado, la deuda que contrataron se dirigió principalmente a pagar deuda con más deuda.
Es decir, los gobiernos estatales y municipales prefirieron adquirir obligaciones para refinanciamiento y cubrir necesidades de liquidez a corto plazo, antes que apostar por la inversión productiva.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, difundidos por El Economista, estados y municipios contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto de 139,748 millones de pesos entre el 2025 y el primer bimestre del 2026.
Esto significa que los subnacionales siguieron contratando deuda (más de 100 por ciento respecto a igual periodo de un año antes), pero ¿cuál fue el destino de estos recursos?
Del total de 139,748 millones de pesos, apenas 15.1 por ciento se destinó a inversión pública productiva, es decir, por cada 100 pesos de deuda contratados, 15.1 pesos tuvieron dicho destino.
Si bien este porcentaje es mayor al del 2024, que fue 2.8 por ciento, aún es insuficiente para detonar el crecimiento y desarrollo económico de los subnacionales.
Así, el mayor porcentaje se dirigió a refinanciamiento, de 50.3 por ciento, cuya finalidad es “pagar deuda con más deuda” para obtener mejores condiciones de mercado, como una menor tasa de interés y un plazo de pago más largo.
Asimismo, 28.4 por ciento se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que es deuda de corto plazo a liquidar en menos de 12 meses, mientras 15.1 por ciento se consignó al binomio de refinanciamiento/inversión pública productiva, sin especificar el peso de cada uno.
Mayores montos
Las entidades con el mayor monto de financiamientos y obligaciones contratados entre el 2025 y el primer bimestre del 2026 fueron:
- Nuevo León (25,340 millones de pesos)
- Jalisco (24,692 millones)
- Chiapas (18,545 millones)
En total, 19 entidades adquirieron deuda (91.5 por ciento del total corresponde a los gobiernos estatales).
De hecho, la apuesta de algunos estados al adquirir obligaciones fue clara.
Por ejemplo, en Nuevo León se observa una contratación “pareja”: 38.1 por ciento a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 31.6 por ciento a inversión pública productiva y 30.3 por ciento a refinanciamiento.
Mientras en Jalisco y Chiapas, el total de la deuda contratada en el periodo de análisis se destinó a refinanciamiento (contrasta con los municipios de estas entidades, que contrajeron obligaciones para inversión pública productiva).
En los gobiernos estatales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Yucatán y Puebla fue para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, como pago a proveedores, nómina, aguinaldos, etcétera.
Municipios
En cuanto a los municipios, adquirieron 5,495 millones de pesos de deuda entre el año pasado y el primer bimestre del 2026, sin embargo, la tendencia del destino fue diferente a la de los estados: 58.8% se dirigió a inversión pública productiva.
Este comportamiento evidencia que los gobiernos estatales priorizan la estabilidad financiera a corto plazo sobre el desarrollo sostenible, lo cual tendría consecuencias negativas para el crecimiento económico y el bienestar de la población a largo plazo, al no aprovechar la deuda como un estímulo de inversión productiva.
